Alcalde se refiere al documento provisional de resultados por parte de Contraloría

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Ambato, 22 de junio.-  La serie de acusaciones basadas en un informe de resultados provisionales luego del examen especial practicado por la Dirección Provincial de la Contraloría General del Estado al Municipio de Ambato y difundidas por el concejal de Alianza País, Robinson Loaiza, a pesar de no tener validez jurídica ni de constituir un documento oficial del ente de control, fueron comentadas por el alcalde de Ambato, Luis Amoroso Mora.

 

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Según dicho documento firmado por Mariliz Mayorga Garcés, quien es pariente de personajes opuestos a la actual administración y avalado por Teresa Salinas Auditora, Jefe de Equipo, se alude a una supuesta anulación del pago de multas por exceso de velocidad que involucraría a varios servidores públicos de la municipalidad y sus familiares.

Al respecto, el alcalde comentó que esta comunicación “provisional es simplemente referencial y no corresponde a hechos contrastados y probados, por ello es que la ley no le otorga un carácter definitivo u oficial y más aún que genere o refleje responsabilidades civiles, administrativas o penales para nadie”, aseveró.

Asimismo el burgomaestre dijo que “No le preocupa este informe porque no tiene el peso legal respectivo”, además que “se han aprovechado de esta documentación para distorsionar los hechos porque jamás me he manchado las manos; es una pena que se hayan tomado casos particulares que nada tienen que ver con el alcalde o su familia”.

Amoroso Mora recordó que “lo que no dice el documento en mención es, por ejemplo, que el sistema también rechazó multas de 34 altos funcionarios del poder ejecutivo provincial, vehículos de instituciones públicas del estado central y otros que corresponden a 9 funcionarios de la Contraloría algunos de los cuales participaron en el examen especial, estos entre los casi 6.300 casos detectados.

Luis Amoroso informó que esperará el informe final por parte de la Contraloría, y aclaró que el documento difundido por el concejal Loaiza no tiene ni genera obligación alguna, puesto que puede contener errores que la misma institución de control las analizará una vez que se presenten las pruebas de descargo, mismas que durante la fase inicial del examen se las entregó pero no fueron tomadas en consideración.

Paco Urrutia Director de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio, negó categóricamente una supuesta anulación y eliminación de las infracciones en el sistema, eso dijo, es imposible pues el mismo mecanismo lo rechaza salvo que exista un proceso legal y la sentencia emitida por un juez competente.

Lamentó que el documento borrador del examen haya escogido intencionalmente los nombre de determinados funcionarios del GADMA cuando el sistema apunta a miles de otros tantos nombres que finalmente el sistema rechazó.

“El artículo 76 de la Constitución y las leyes determinan el principio de inocencia y la obligación de informar al presunto infractor, a fin de que pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa” recordó finalmente el funcionario. (JA/AJ)

 

 

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